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Conflictos de límites en Bolivia y en Tarija

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Eduardo Claure

Bajo las premisas de que el municipio es el nivel de gobierno más cercano a las diversas necesidades y aspiraciones de los gobernados –gracias a la Ley 1551 de Participación Popular- en dicho ámbito espacial territorial las diversas problemáticas provocan mayor impacto en su población, siendo que el territorio municipal es un elemento fundamental para una mejor convivencia vecinal/comunitaria, y que el derecho como instrumento de equilibrio y moderador de las relaciones tanto institucionales como como personales e intercomunitarios, cumple un papel fundamental.En este contexto observemos algunos tópicos a considerar en este ámbito de los conflictos de límites en el país y el departamento: i) señalar la existencia, complejidad y ausencia de atención a los conflictos intermunicipales; ii) presentar una visión genérica de los conflictos existentes; iii) las normativas propuestas para su solución.
Vayamos además por algunos conceptos claves para discernir sobre el tema, como es entender lo que es el Territorio. Podemos afirmar que sin territorio, entendido como el elemento físico–material, no existe municipio, ya que en aquel se desarrolla la convivencia de sus habitantes. Se trata del sitio o lugar donde se asienta su población y el ámbito espacial dentro del cual ejerce él mismo su poder político y jurídico. El territorio municipal es la superficie terrestre dentro de los límites donde tiene validez el orden jurídico municipal. El territorio donde se asienta el municipio le es propio, pero no exclusivo, ya que forma parte de un territorio mayor, el del departamento y el del Estado, por lo tanto el municipio, no tiene un ámbito de validez especial exclusivo, pero si propio. En consecuencia, la existencia del municipio está determinada por la referencia territorial; podríamos decir que su territorio es el espacio físico sobre el cual se ejercen sus potestades políticas y administrativas de las que está dotado como ente jurídico, así como el ámbito de validez de las normas que emite su gobierno, además, autónomo, o cualquier otro facultado constitucionalmente para ello, como es el caso del Estatuto de Autonomía Departamental, La Ley 031 Marco de Autonomía y Descentralización y la CPE. Esto es así porque, en rigor, jurídicamente todo el territorio es un ámbito espacial de validez normativa. Esto implica entender que las soluciones vienen de la mano de un intrincado pero simple procedimiento o protocolo, en conjunción de intervenciones directas, indirectas o de relación o conexas entre los tres niveles del Estado: nacional, departamental y municipal.
Pero más allá de la existencia física-material delimitada geográficamente, la cual se constituye en un ámbito espacial de validez, al elemento en cuestión también debe añadírsele desde las áreas antropológicas y sociológicas, ya que para sus pobladores este territorio municipal se constituye en un elemento cohesivo y trascendente, situación de la que se originan las poblaciones territoriales, donde este espacio físico les pertenece, viven en función de él, logran una lealtad en la que se funden con la tierra y su naturaleza. La naturaleza de la base territorial afecta en muchos sentidos la estructura social de su comunidad y sus modos de vida. La influencia social del territorio municipalizado, en sus grupos sociales respectivos, es pues importante, estos interactuando, constituyen una coordenada sociocultural y económica indispensable para localizar a sus habitantes dentro de un universo sociocultural, que generalmente los caracteriza porsus expresiones culturales, económicas e históricas de su desarrollo.
Los conflictos de límites que se suscitan desde hace muchos años ahora deben ser regulados mediante la Ley No. 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, el cual establece el mecanismo y procedimiento que se debe emplear para la solución de impases que se generan entre municipios en varios aspectos, uno de ellos el cobro de impuestos a bienes inmuebles. Anteriormente la Ley de Unidades Político Administrativas No. 2150 o de UPAS de 20 de noviembre de 2000, no logró sus objetivos en tanto sus procedimientos denunciados como engorrososimpedían absolver tanto en gabinete como en campo los conflictos de límites,la Ley fue promulgada durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez. Ella definía que el “territorio de la República se divide, para fines político-administrativos, en departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones”, y definía las reglas para la creación, reposición, supresión y delimitación de estas unidades político-administrativas. La referida ley, en sus disposiciones transitorias, sostenía que el Instituto Geográfico Militar (IGM) era el único organismo técnico encargado de hacer la demarcación de las unidades político-administrativas en el territorio nacional.Las ex Prefecturas disponían de las Unidades Técnicas de Límites (UTL), luego fueron Direcciones. En la actualidad deviene la vigente Ley No. 339 de Delimitaciones de Unidades Territoriales de 1 de Febrero de 2013 que intenta poner orden al cuando no menos caótico tema de los conflictos de límites intermunicipales e interdepartamentales. Esta nueva normativa establece que: i)Las secciones de provincia desaparecerán y no se volverá a autorizar la creación de nuevos cantones a partir de la vigencia del proyecto de Ley de Delimitación de Unidades Territoriales; ii) Desaparecen las secciones de provincia y no existen más a futuro nuevos cantones, pues la organización territorial en el ámbito local se basará en función de las definiciones municipales, seguramente a partir de procesos de distritación; iii) La normativa también establece que los conflictos limítrofes municipales pasarán a ser atendidas por las Alcaldías y resueltos por las gobernaciones, mientras que similares conflictos a nivel departamental serán atendidos por el ex Ministerio de Autonomías y en caso de irresolución técnica las áreas en conflicto apelarán a un referéndum local, en ambos casos.
Según datos del ex Ministerio de Autonomías al año 2012, se daban los siguientes datos a nivel nacional por razones de delimitación, creación y reposición que hacían un total de 75 casos; procesos administrativos radicados en segunda instancia por delimitación y creación 18 casos a nivel nacional. Mientras que por razones de delimitaciones, creaciones de cantones, creaciones de secciones de provincia y reposiciones de límites se tenía lo siguiente: Chuquisaca tenía 2 casos; La Paz 35; Beni 2; Cochabamba 12; Potosí 6; Oruro 11; Santa Cruz de la Sierra 13 y Tarija 2.Lo que hacía un total de 83 casos, que sumados al total de tipificaciones anteriores suman 158 casos en curso. Sin embargo de estos datos, se conoce que en el departamento de Tarija se han suscitado conflictos de delimitaciones y/o pertenencia en un número de 19 casos, que fueron manifestados durante la ejecución tanto del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 como del Censo Nacional Agropecuario de 2013, si bien estos conflictos fueron considerados como tales, el uso de la cartografía de uso estricta y netamente censal y estadístico, no implicó ningún otro tratamiento que el relevamiento de información a cuantificar de los habitantes y del sector productivo y nada más, es decir se abocaron a aplicar sus tópicos conceptuales y técnicos censales, en lo absoluto. Se dice desde voces ministeriales que de los 339 municipios existentes en Bolivia, sólo 20 tienen resueltos sus límites, es decir porcentualmente un 6%.
En este contexto, se ha manifestado en otras ocasiones a través de los medios, que existen desencuentros limítrofes en diversos puntos del departamento de Tarija que deberán resolverse en algún momento en tanto y en cuanto, cada vez más estas definiciones en su adecuada delimitación causaran estado respecto a las pertenencias geográficas y/o territoriales de los recursos naturales minerales e hidrocarburiferos, tal cual sucede entre Chuquisaca y Santa Cruz, o lo propio lo suscitado entre Tarija y Chuquisaca por idénticos temas, sucediendo lo propio recientemente el conflicto entre Oruro y Potosí por la zona de Coroma y Quillacasrica en yacimientos que favorecerían a la industria del cemento, o el caso violento que se dio entre municipios conexos a la capital cochabambina con Sacaba y Colomi, sin dejar de lado lo suscitado entre la capital paceña y sus similares de Palca, Mecapaca, Achocalla e incluso Laja y El Alto. Recientemente, se dio por solucionado el caso de delimitación y pertenencias entre Oruro y La Paz por la zona minera de Colquiri con Caracollo y entre los mismos departamentos entre la provincia Tomas Barrón de Oruro (Eucaliptus) y Papel Pampa de La Paz. Si bien en alguno de estos casos la aceptación definitiva ha sido admitida administrativamente por ambos lados, en otros casos están en procesos de revisión y reconsideración no únicamente técnica, sino por las derivaciones económicas y políticas que conlleva cada uno de los casos en sus connotaciones particulares que tienen y que ninguna de las partes parecen acordar, lo que demora la consolidación definitiva de estos.
El valor de los recursos naturales renovables y no renovables, minerales e hidrocarburiferos (y ahora el agua), son en primera instancia el quid en cuestión, cuya defensa acérrima pone en vilo a los interesados en “sanear” estos conflictos bajo la aplicación de una mejorada normativa que implica la participación de las comunidades interesadas, las alcaldías y la gobernación, bajo el seguimiento del ahora viceministerio de autonomías, sin embargo de haberse bajado a la sociedad la primera responsabilidad para tocar el tema y sea la intervención de las autoridades municipales en calidad de responsables de tratar el tema bajo la lectura de la disposición normativa que da los procedimientos suficientes para abordar tan espinoso tema, donde el grado de asimilación de los protocolos administrativos y técnicos, debieran ser los elementos que aproximen a las partes en solucionar a perpetuidad conflictos que si bien son de marras, ahora por ejemplo la discusión del Pacto Fiscal, debiera asumirse partiendo de la cuantificación de las riquezas que implica cada territorio municipalizado y bien delimitado para evitar los casos complicadosde distribución de los recursos económicos por los ingresos de cada una de los elementos que constituyen el presupuesto nacional, departamental y municipal, que en diversosasuntos, generan disconformidady, a los que aún no han ingresado a discutirsecomo las comunidades indígena originaria campesinas, que en cualquier momentos interpondrán requerimientos por nuevas delimitaciones y pertenencias, como parte de las reivindicaciones constitucionalizadas para este importante sector de la población boliviana, lo que entrañará manejar con absoluto criterio la nueva Ley No. 339 de Delimitaciones de Unidades Territoriales, pues esta normativa vigente, asume una nueva conceptualización desde el título, que es novedoso pero no por ello asimilable a primera vista, o aplicable sin inconvenientes.
Pero no somos los únicos con este tipo de problemas, Perú y Ecuador tuvieron un severo conflicto de límites en 1995; Chile y Argentina tuvieron un similar impase en 1978 que incluso ocupó la mediación del Papa Juan Pablo II; Ecuador y Colombia lo propio ahondado por los conflictos de las guerrillas, las fumigaciones de plantaciones de coca y las incursiones militares; EE.UU. construye un muro límite con México; EE.UU. tiene en Guantánamo un conflicto de límites con Cuba; Costa Rica y Nicaragua tienen lo suyo sobre el Río San Juan; Guatemala con Belice tienen lo propio; El Salvador y Honduras mantienen una disputa limítrofe salvada por la intervención de la Corte de la Haya en los que el fallo fijó límites distintos a los que históricamente reclamaban cada una de las partes; Colombia y Venezuela mantienen más de 50 años de conflicto por una frontera marina y submarina en el Caribe; Venezuela tiene otro asunto pendiente con Guayana por el territorio de Esequibo que se trata en la ONU; Brasil es el único país excepción en esta materia, tiene límites con Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guayana Inglesa, Surinam y la Guayana Francesa, pero a lo largo de sus 17.000 kilómetros de fronteras terrestres no hay ninguna pendencia.

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