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Mar, Jun
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Bolivia

El motel Fantasía.

El motel Fantasía fue el lugar donde fueron encontrados sin vida Erick Mauricio Salazar y Tania Isabel Vargas, dos periodistas que, según el examen forence, fallecieron debido a una broncoaspiracion por la inhalación de monóxido de carbono.

ANF

El propietario y los empleados del motel Fantasía, hospedaje en el que fallecieron los periodistas Erick Mauricio Salazar y Tania Isabel Vargas, serán convocados a la Fiscalía para que declaren por este caso. Así lo informó este jueves la fiscal de Materia, Susana Boyan.
"El Ministerio Público está emitiendo las citaciones para el dueño y los funcionarios que trabajan en ese motel, además del entorno familiar de las víctimas", manifestó Boyan en contacto con los medios.
El motel, ubicado en la zona de Villa El Carmen de La Paz, fue clausurado temporalmente por la Gobernación que, tras una intervención sorpresiva, evidenció varias irregularidades en cuanto a su licencia de funcionamiento, registro de los huéspedes, dependencias (precario sistema de calefacción), entre otros.
Tal situación preocupó a la fiscal del caso que señaló que la clausura interferirá en los trabajos de investigación que desarrolla la Fiscalía, ya que no podrán desarrollarse los actos procesales y periciales en este negocio donde fueron encontrados los cuerpos de los periodistas que, según el examen forense, perecieron a causa de una broncoaspiración por inhalación de monóxido carbono.
"Con estudios periciales se podrá determinar qué realmente ha sucedido ese día, si hubo negligencia de parte del dueños del motel y de los funcionarios", agregó.

Achá es acusado de haber incurrido supuestamente en irregularidades en la adjudicación de compra de taladros.

El Ministerio Público asegura que hubieron actuaciones "irregulares" en el dictamen del juez Hugo Huanacuni.

EL DEBER

La Fiscalía boliviana apeló la resolución de un juez de dictar arresto domiciliario para el expresidente de la petrolera estatal YPFB Guillermo Achá, acusado de supuesta corrupción, al considerar que merece prisión preventiva.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo este jueves a los medios que consideran que hay actuaciones "irregulares" en el dictamen del juez Hugo Huanacuni tomada la medianoche pasada, en la que solo ordenó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
"Decimos irregularidades porque la autoridad jurisdiccional de manera incongruente ha dictado una resolución que no tenía fundamento", explicó Blanco.
El exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que la semana pasada fue destituido tras estar en el cargo desde enero del 2015, está acusado de supuestamente haber favorecido la contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.
Además de la detención domiciliaria, Achá tiene prohibido salir del país, acudir a oficinas de la petrolera estatal y debe presentar dos garantes personales para hacer efectivo su arresto domiciliario.
La Fiscalía de La Paz acusó a Achá, detenido desde la madrugada del martes, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica y había solicitado su detención preventiva en la cárcel paceña de San Pedro.
El fiscal del caso, Ruddy Terrazas, culpó de la determinación judicial al Ministerio de Justicia y Transparencia, que, de forma inesperada, fue la institución que solicitó la detención domiciliaria en lugar de la prisión preventiva.
En declaraciones a los medios, tras la audiencia que terminó en la madrugada, el expresidente de YPFB afirmó que rechaza la petición del Ministerio Público de que se ordene la prisión preventiva cuando él no tiene la intención de abandonar el país o fugarse.
Dentro de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, ya han sido encarcelados otros seis funcionarios de YPFB y la gerente legal de YPFB Andina, una subsidiaria de la petrolera participada por el Estado boliviano y la compañía española Repsol.
Los empleados de YPFB apresados, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber beneficiado la contratación de Drillmec para la compra de los taladros.
El contrato con la firma italiana fue anulado por el propio Achá cuando la Fiscalía comenzó la investigación.
YPFB es la empresa más grande del Estado boliviano y está a cargo de la dirección total del sector tras la nacionalización decretada por Morales en mayo de 2006.
Desde la refundación de la petrolera en 2006, varios de sus presidentes fueron relevados en medio de denuncias de corrupción.

Los profesores participarán de la movilización del lunes.

Los médicos se unirán a la movilización y ratificaron que exigirán la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero y del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.

ANF

Las organizaciones sociales, que forman parte del denominado "Pacto de Lucha por la Paceñidad", anunciaron una marcha de protesta para el próximo lunes en rechazo al incremento de las tarifas de la energía eléctrica.
El representante del Comité de Defensa de La Paz, Abraham Paco, indicó que la protesta será en defensa de todos los paceños porque el incremento del 3% en las tarifas del servicio de electricidad afectará a la economía de los todos ciudadanos y con mayor impacto entre las familias pobres.
“Ya estamos cansados de estas medidas, incluso nos quieren prohibir las marchas con la Acción Popular del Defensor del Pueblo y eso no lo vamos a permitir, ahora quieren hacer subir las tarifas de la electricidad y eso afectará más que todo a aquellos que apenas ganan el pan del día. No podemos dejar que eso suceda, hay que levantarse, hay que defendernos entre paceños porque si suben esos precios todos los productos de la canasta familiar van a aumentar otra vez”, afirmó.
La movilización estará encabezada por el Magisterio Urbano, las federaciones de juntas vecinales de La Paz y El Alto, Confederación de Gremiales, Consejo de Desarrollo del Departamento de La Paz (Codelpa), además de los administrativos y profesionales en salud.

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