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Sáb, Jun
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Bolivia

Por normativa municipal están prohibidas las fogatas que antes eran tradicionales.

Más de 400 funcionarios de la Alcaldía serán desplegados esta noche. Resguardarán las áreas forestales que tiene la sede de Gobierno. También habrán operativos en otras ciudades.

EL DEBER

Una multa de 500 unidades de fomento a la vivienda (UFV), que equivalen a cerca de mil bolivianos es la sanción que la Alcaldía de La Paz impondrá a quienes procedan a la quema de áreas forestales y el encendido de fogatas. Al recordarse la noche de San Juan.
Desde la comuna anunciaron que dos grupos, de 413 funcionarios, trabajarán en la prevención de incendios forestales y evitarán el encendido de fogatas en distintos barrios. El operativo de control se iniciará a las 10.00 de este viernes.
La administradora municipal de Servicios Ambientales, Nadiezdha Godoy, explicó que el primer equipo trabajará de 10.00 a 18.00 y se concentrará en las áreas forestales y el segundo, se distribuirá a los distintos barrios paceños y áreas forestales desde de 19.00 a 01.00.
En el operativo participarán guardias municipales, el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), el Grupo de Apoyo a Emergencias Municipales (GAEM), funcionarios de las subalcaldías y de otras unidades. También estarán policías y bomberos.
Se priorizarán las 14 zonas donde se presentaron incendios forestales en la gestión pasada: Villa Alto Pura Pura, Alto Pura Pura Tercera Sección, Alianza Pura Pura, Bosquecillo de Pura Pura, San Francisco, Pura Pura Sector Samapa, Alto Munaypata Sector Mirador, San Juan de Cotahuma, Achachicala 5 de Agosto, Cochapampa, Tangani Grande, Alto 27 de Mayo, San Antonio Norte e Irpavi II.

La Policía seguirá administrando unidades de investigación criminal y otras, aclaró el Gobierno.

El Ministerio de Gobierno hizo las aclaraciones tras la publicación de un supuesto traspaso institucional con la aplicación del nuevo Código Penal.

EL DEBER


La Policía mantendrá el control de todos los organismos que están actualmente a su cargo, como es el caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y otros, aseguró este viernes el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, luego que surgieran rumores sobre una supuesta protesta policial por el traspaso de estas unidades a instituciones civiles.
Quiroga explicó, según señala el reporte de radio Fides, que se trató de una confusión en la interpretación de la nueva normativa penal, que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Hemos hablado con los policías y les explicamos que hubo una mala interpretación de un artículo del nuevo Código Penal, pues ninguno de los organismos de la Policía pasará a depender de otra institución y su organización se mantendrá como hasta ahora”, dijo Quiroga.
El jueves, a través de redes sociales, se divulgó la noticia de la organización de una manifestación policial en contra del Código. Un hecho que finalmente era falso.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Johnny Aguilera, también descartó que la Policía pierda con la nueva ley sus competencias sobre alguna de los organismos que aún administra.
"Una comisión de defensa institucional ha logrado revertir estas fraguadas aspiraciones que tenía el Ministerio Público", dijo Aguilera.

UD exhibió fotos y documentos de personas vinculadas al MAS y que postulan a cargos judiciales.

Rodríguez aclaró que entre los postulantes habilitados no se hallaron personas que trabajen en gobiernos autónomos controlados por la oposición.

AGENCIAS

Unidad Demócrata (UD) presentó impugnaciones contra 77 de los 96 postulantes habilitados para acceder al Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA), que a su criterio tienen ligazón con el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El senador Edwin Rodríguez, jefe de bancada de UD en el Senado, explicó que 37 de los impugnados son o fueron funcionarios del Órgano Judicial y que los otros 37 ejercieron o aún mantienen un cargo en el Órgano Ejecutivo.
Los restantes tres impugnados, según UD, son ex o actuales funcionarios de gobiernos autónomos controlados por el MAS.
Rodríguez aclaró que entre los postulantes habilitados no se hallaron personas que trabajen en gobiernos autónomos controlados por la oposición.
El senador justificó las impugnaciones bajo el argumento de que, a criterio de UD, el ejercer un cargo público implica un aval político del oficialismo, por lo cual de ser elegidas las personas impugnadas no garantizarían imparcialidad.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que es normal que los abogados trabajen en la judicatura y sean funcionarios públicos. “¿Dónde quiere que trabajen, que sean ingenieros, que tengan una empresa privada?, cuestionó.
Para el segundo mandatario, los opositores tienen un “cerebro muy pequeño”, puesto que un abogado al recibirse de la carrera de Derecho puede ejercer su profesión como juez o fiscal o en algún ámbito de la judicatura.


Nombres destacados entre los impugnados
Rodríguez precisó que entre los impugnados está Pablo Valeriano que en 2015 firmó un acta del Órgano Electoral en Tarija como delegado del MAS.
También se menciona a Jhonny Cordero quien fue director del INRA y viceministro de Tierras.
UD impugnó asimismo a Jorge Barahona, exjefe jurídico del Fondo Indígena y exviceministro de Tierras. Estas tres personas mencionadas aspiran al TA.
También se mencionó a Jhonny Heredia, quien aspira al CM, pero según la oposición se declaró militante del MAS en su cuenta de Facebook.
Senado sanciona Ley Transitoria que fija el 3 de diciembre las elecciones judiciales
El Senado sancionó este jueves la Ley Transitoria que fija para el 3 de diciembre de 2017, la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, informó el presidente de esta instancia legislativa, José Alberto Gonzales.
Precisó que la norma, Ley Transitoria para el proceso de preselección de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional, fue aprobada tal como envió la Cámara de Diputados.
“Se fija la fecha de elecciones judiciales para el 3 de diciembre y se garantiza la paridad de género e indígena”, declaró Gonzales.

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