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Bolivia

Este miércoles el juzgado de Pozo Almonte fijó una pena de tres años de presidio, con la aplicación de una medida sustitutiva que implica la expulsión de Chile en un plazo de 30 días

Dos ministros informaron que se hacen las gestiones al interior del Gabinete. Son casi 50.000 dólares que fueron fijados por una juez de Pozo Almonte. 

EL DEBER

Al interior del Gabinete de ministros se trabaja para cumplir con la multa que permita la expulsión de los nueve bolivianos hace 95 días en Chile. La pasada jornada un juzgado de Pozo Almonte determinó su culpabilidad, los condenó a tres años de prisión y fijo la sanción económica.
El canciller Fernando Hunacuni informó desde Cochabamba que "nosotros ya estamos trabajando de manera interna en el cuerpo ministerial (para reunir los fondos de la sanción). El Estado se está defendiendo y tiene un camino trazado y todos los mecanismos para que nuestros hermanos retornen acá los estamos asumiendo como tal".
Ayer el juzgado de Pozo Almonte fijó una pena de tres años de presidio, con la aplicación de una medida sustitutiva que implica la expulsión de Chile en un plazo de 30 días. Los nueve deben pagar una multa de 32 millones de pesos chilenos (aproximadamente $us 48.190).
El ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que "el Gobierno nuestro había acompañado desde un principio. Este es un nivel de coordinación de cumplimiento que ya hay que hacer en coordinación con los familiares. Hay un trámite que hay que obrar".
Ambos calificaron como una "agresión" el veredicto de la justicia chilena, mientras que más temprano el presidente Evo Morales denominó a los dos militares y siete funcionarios de la Aduana, capturados en frontera el pasado 19 de marzo, como "mártires de la reivindicación marítima de Bolivia".
Según se conoce, el trámite para posibilitar el retorno de los nueve bolivianos se prolongará hasta la próxima semana, toda vez que la defensa desistió de su posibilidad de apelar el fallo emitido en la víspera.
El Gobierno boliviano anticipó que recurrirá al Pacto de Bogotá, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad
El representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, dijo el miércoles que llama poderosamente la atención la decisión que tomó la justicia chilena al declarar culpables y aprobar la expulsión de los siete aduaneros y dos militares bolivianos detenidos en frontera cuando desarrollaban operativos de lucha contra el contrabando.
Racicot invitó a los colegios de abogados de Bolivia y Chile a analizar el caso y realizar una "sana crítica" al proceso para que un suceso de esas características no se vuelva a repetir entre ambos países.

"Llama poderosamente la atención. Llama la atención de la decisión de la justicia chilena en el caso e invito a todos los abogados de Bolivia y los abogados de Chile a estudiar la decisión de este caso", sostuvo Racicot.

El motel Fantasía.

El motel Fantasía fue el lugar donde fueron encontrados sin vida Erick Mauricio Salazar y Tania Isabel Vargas, dos periodistas que, según el examen forence, fallecieron debido a una broncoaspiracion por la inhalación de monóxido de carbono.

ANF

El propietario y los empleados del motel Fantasía, hospedaje en el que fallecieron los periodistas Erick Mauricio Salazar y Tania Isabel Vargas, serán convocados a la Fiscalía para que declaren por este caso. Así lo informó este jueves la fiscal de Materia, Susana Boyan.
"El Ministerio Público está emitiendo las citaciones para el dueño y los funcionarios que trabajan en ese motel, además del entorno familiar de las víctimas", manifestó Boyan en contacto con los medios.
El motel, ubicado en la zona de Villa El Carmen de La Paz, fue clausurado temporalmente por la Gobernación que, tras una intervención sorpresiva, evidenció varias irregularidades en cuanto a su licencia de funcionamiento, registro de los huéspedes, dependencias (precario sistema de calefacción), entre otros.
Tal situación preocupó a la fiscal del caso que señaló que la clausura interferirá en los trabajos de investigación que desarrolla la Fiscalía, ya que no podrán desarrollarse los actos procesales y periciales en este negocio donde fueron encontrados los cuerpos de los periodistas que, según el examen forense, perecieron a causa de una broncoaspiración por inhalación de monóxido carbono.
"Con estudios periciales se podrá determinar qué realmente ha sucedido ese día, si hubo negligencia de parte del dueños del motel y de los funcionarios", agregó.

Achá es acusado de haber incurrido supuestamente en irregularidades en la adjudicación de compra de taladros.

El Ministerio Público asegura que hubieron actuaciones "irregulares" en el dictamen del juez Hugo Huanacuni.

EL DEBER

La Fiscalía boliviana apeló la resolución de un juez de dictar arresto domiciliario para el expresidente de la petrolera estatal YPFB Guillermo Achá, acusado de supuesta corrupción, al considerar que merece prisión preventiva.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo este jueves a los medios que consideran que hay actuaciones "irregulares" en el dictamen del juez Hugo Huanacuni tomada la medianoche pasada, en la que solo ordenó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
"Decimos irregularidades porque la autoridad jurisdiccional de manera incongruente ha dictado una resolución que no tenía fundamento", explicó Blanco.
El exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que la semana pasada fue destituido tras estar en el cargo desde enero del 2015, está acusado de supuestamente haber favorecido la contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.
Además de la detención domiciliaria, Achá tiene prohibido salir del país, acudir a oficinas de la petrolera estatal y debe presentar dos garantes personales para hacer efectivo su arresto domiciliario.
La Fiscalía de La Paz acusó a Achá, detenido desde la madrugada del martes, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica y había solicitado su detención preventiva en la cárcel paceña de San Pedro.
El fiscal del caso, Ruddy Terrazas, culpó de la determinación judicial al Ministerio de Justicia y Transparencia, que, de forma inesperada, fue la institución que solicitó la detención domiciliaria en lugar de la prisión preventiva.
En declaraciones a los medios, tras la audiencia que terminó en la madrugada, el expresidente de YPFB afirmó que rechaza la petición del Ministerio Público de que se ordene la prisión preventiva cuando él no tiene la intención de abandonar el país o fugarse.
Dentro de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, ya han sido encarcelados otros seis funcionarios de YPFB y la gerente legal de YPFB Andina, una subsidiaria de la petrolera participada por el Estado boliviano y la compañía española Repsol.
Los empleados de YPFB apresados, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber beneficiado la contratación de Drillmec para la compra de los taladros.
El contrato con la firma italiana fue anulado por el propio Achá cuando la Fiscalía comenzó la investigación.
YPFB es la empresa más grande del Estado boliviano y está a cargo de la dirección total del sector tras la nacionalización decretada por Morales en mayo de 2006.
Desde la refundación de la petrolera en 2006, varios de sus presidentes fueron relevados en medio de denuncias de corrupción.

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