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Mar, Jun
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Bolivia

La Policía seguirá administrando unidades de investigación criminal y otras, aclaró el Gobierno.

El Ministerio de Gobierno hizo las aclaraciones tras la publicación de un supuesto traspaso institucional con la aplicación del nuevo Código Penal.

EL DEBER


La Policía mantendrá el control de todos los organismos que están actualmente a su cargo, como es el caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y otros, aseguró este viernes el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, luego que surgieran rumores sobre una supuesta protesta policial por el traspaso de estas unidades a instituciones civiles.
Quiroga explicó, según señala el reporte de radio Fides, que se trató de una confusión en la interpretación de la nueva normativa penal, que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Hemos hablado con los policías y les explicamos que hubo una mala interpretación de un artículo del nuevo Código Penal, pues ninguno de los organismos de la Policía pasará a depender de otra institución y su organización se mantendrá como hasta ahora”, dijo Quiroga.
El jueves, a través de redes sociales, se divulgó la noticia de la organización de una manifestación policial en contra del Código. Un hecho que finalmente era falso.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Johnny Aguilera, también descartó que la Policía pierda con la nueva ley sus competencias sobre alguna de los organismos que aún administra.
"Una comisión de defensa institucional ha logrado revertir estas fraguadas aspiraciones que tenía el Ministerio Público", dijo Aguilera.

UD exhibió fotos y documentos de personas vinculadas al MAS y que postulan a cargos judiciales.

Rodríguez aclaró que entre los postulantes habilitados no se hallaron personas que trabajen en gobiernos autónomos controlados por la oposición.

AGENCIAS

Unidad Demócrata (UD) presentó impugnaciones contra 77 de los 96 postulantes habilitados para acceder al Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA), que a su criterio tienen ligazón con el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El senador Edwin Rodríguez, jefe de bancada de UD en el Senado, explicó que 37 de los impugnados son o fueron funcionarios del Órgano Judicial y que los otros 37 ejercieron o aún mantienen un cargo en el Órgano Ejecutivo.
Los restantes tres impugnados, según UD, son ex o actuales funcionarios de gobiernos autónomos controlados por el MAS.
Rodríguez aclaró que entre los postulantes habilitados no se hallaron personas que trabajen en gobiernos autónomos controlados por la oposición.
El senador justificó las impugnaciones bajo el argumento de que, a criterio de UD, el ejercer un cargo público implica un aval político del oficialismo, por lo cual de ser elegidas las personas impugnadas no garantizarían imparcialidad.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que es normal que los abogados trabajen en la judicatura y sean funcionarios públicos. “¿Dónde quiere que trabajen, que sean ingenieros, que tengan una empresa privada?, cuestionó.
Para el segundo mandatario, los opositores tienen un “cerebro muy pequeño”, puesto que un abogado al recibirse de la carrera de Derecho puede ejercer su profesión como juez o fiscal o en algún ámbito de la judicatura.


Nombres destacados entre los impugnados
Rodríguez precisó que entre los impugnados está Pablo Valeriano que en 2015 firmó un acta del Órgano Electoral en Tarija como delegado del MAS.
También se menciona a Jhonny Cordero quien fue director del INRA y viceministro de Tierras.
UD impugnó asimismo a Jorge Barahona, exjefe jurídico del Fondo Indígena y exviceministro de Tierras. Estas tres personas mencionadas aspiran al TA.
También se mencionó a Jhonny Heredia, quien aspira al CM, pero según la oposición se declaró militante del MAS en su cuenta de Facebook.
Senado sanciona Ley Transitoria que fija el 3 de diciembre las elecciones judiciales
El Senado sancionó este jueves la Ley Transitoria que fija para el 3 de diciembre de 2017, la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, informó el presidente de esta instancia legislativa, José Alberto Gonzales.
Precisó que la norma, Ley Transitoria para el proceso de preselección de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional, fue aprobada tal como envió la Cámara de Diputados.
“Se fija la fecha de elecciones judiciales para el 3 de diciembre y se garantiza la paridad de género e indígena”, declaró Gonzales.

Este miércoles el juzgado de Pozo Almonte fijó una pena de tres años de presidio, con la aplicación de una medida sustitutiva que implica la expulsión de Chile en un plazo de 30 días

Dos ministros informaron que se hacen las gestiones al interior del Gabinete. Son casi 50.000 dólares que fueron fijados por una juez de Pozo Almonte. 

EL DEBER

Al interior del Gabinete de ministros se trabaja para cumplir con la multa que permita la expulsión de los nueve bolivianos hace 95 días en Chile. La pasada jornada un juzgado de Pozo Almonte determinó su culpabilidad, los condenó a tres años de prisión y fijo la sanción económica.
El canciller Fernando Hunacuni informó desde Cochabamba que "nosotros ya estamos trabajando de manera interna en el cuerpo ministerial (para reunir los fondos de la sanción). El Estado se está defendiendo y tiene un camino trazado y todos los mecanismos para que nuestros hermanos retornen acá los estamos asumiendo como tal".
Ayer el juzgado de Pozo Almonte fijó una pena de tres años de presidio, con la aplicación de una medida sustitutiva que implica la expulsión de Chile en un plazo de 30 días. Los nueve deben pagar una multa de 32 millones de pesos chilenos (aproximadamente $us 48.190).
El ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que "el Gobierno nuestro había acompañado desde un principio. Este es un nivel de coordinación de cumplimiento que ya hay que hacer en coordinación con los familiares. Hay un trámite que hay que obrar".
Ambos calificaron como una "agresión" el veredicto de la justicia chilena, mientras que más temprano el presidente Evo Morales denominó a los dos militares y siete funcionarios de la Aduana, capturados en frontera el pasado 19 de marzo, como "mártires de la reivindicación marítima de Bolivia".
Según se conoce, el trámite para posibilitar el retorno de los nueve bolivianos se prolongará hasta la próxima semana, toda vez que la defensa desistió de su posibilidad de apelar el fallo emitido en la víspera.
El Gobierno boliviano anticipó que recurrirá al Pacto de Bogotá, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad
El representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, dijo el miércoles que llama poderosamente la atención la decisión que tomó la justicia chilena al declarar culpables y aprobar la expulsión de los siete aduaneros y dos militares bolivianos detenidos en frontera cuando desarrollaban operativos de lucha contra el contrabando.
Racicot invitó a los colegios de abogados de Bolivia y Chile a analizar el caso y realizar una "sana crítica" al proceso para que un suceso de esas características no se vuelva a repetir entre ambos países.

"Llama poderosamente la atención. Llama la atención de la decisión de la justicia chilena en el caso e invito a todos los abogados de Bolivia y los abogados de Chile a estudiar la decisión de este caso", sostuvo Racicot.

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