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Mar, Jun
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La Paz

Cabildo en Plaza San Francisco.

En horas de la mañana de este lunes la concentración y cabildo de los dos sectores coincidió en la Plaza San Francisco, lo que provocó caos vehicular en el centro de la ciudad.

ANF

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Jesús Vera, afín al partido de gobierno, y el “Pacto de la paceñidad” desarrollaron este lunes dos marchas y cabildos en la ciudad de La Paz.
En horas de la mañana de este lunes, la concentración y cabildo de los dos sectores coincidió en la Plaza San Francisco y provocó congestión y caos vehicular en el centro de la urbe. La Policía de Tránsito tuvo que cortar el tráfico en las avenidas Mariscal Santa Cruz, Montes, Pando y calles aledañas.
La marcha de la Fejuve se trasladó de la plaza San Francisco hacia el edificio central de la Alcaldía, ubicado entre las calles Colón y Mercado, donde exigió la anulación de la Ley 223 de fiscalización a construcciones, además anunciaron que realizarán la recolección de firmas para un referendo revocatorio del alcalde.
Por su parte, Vitaliano Mamani, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), que protagonizó la movilización del “pacto de la paceñidad”, señaló que los trabajadores tienen tres demandas.
Primero, la Acción Popular del Defensor del Pueblo que irá a revisión al Tribunal Constitucional, para su abrogación; en segundo lugar, “sobre el famoso ‘tarifazo’ de energía eléctrica, que es un atentado contra la economía de los trabajadores”; y en tercer lugar, la falta de atención al pliego único de los trabajadores.

Foto de archivo: ABI

La oposición envió una carta a la actual ministra de Comunicación. Investigan seis contratos por un monto mayor a 130 millones de bolivianos. 

EL DEBER

Diputados de Unidad Demócrata (UD) piden que la investigación por hechos de corrupción en el canal Bolivia TV se amplíen a las exministras de Comunicación, Amanda Dávila y Marianela Paco. Enviaron una carta a la actual autoridad de esa cartera, Gísela López.
"Tenemos a bien solicitar a su autoridad ampliar la denuncia e investigación contra su antecesoras, además de los directorios comprendidos entre las gestiones 2013 y 2016", detalla la misiva firmada por los asambleístas Amilcar Barral, Micaela Nina y Shirley Franco.
Barral sostuvo que los ministros tienen la tuición sobre el canal estatal y el nombramiento de los gerentes generales, razón que justifica su planteamiento, de también investigar a las exautoridades.
Este lunes López presentó ante el Ministerio Público una denuncia por daños económicos al Estado por el proceso de contratación del proyecto denominado Provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos.
Son seis contratos que tienen presuntas irregularidades y estarían involucradas 10 personas. El monto que suman llega a más de 130 millones de bolivianos y hay equipos que fueron entregados en mal estado o simplemente no existen.
Paco, en entrevista con radio Compañera, dijo que "cuando estaba de gerenta (Gísela López) no agilizaba los procesos de investigación. Yo tenía que llevar ante un directorio los procesos y no avanzaba. Me alegra que saliera la resolución y que se identificara a los responsables".

CREDITO: AGENCIAS

Para Ortiz, las cosas no deben quedar con la simple revisión de contratos hecha por la misma YPFB, sino profundizar el tema para encontrar mayores indicios de corrupción en este caso y muchos otros.

ANF

Tras la aprehensión del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, por el caso taladros, el senador opositor Óscar Ortiz afirmó este martes que tal situación es una prueba de la gravedad de los hechos de corrupción que se registran en la estatal petrolera.
“Esto ratifica la gravedad de este caso de corrupción y las denuncias que formulamos inicialmente de que los superiores de YPFB, en este caso el señor Achá, conocían lo que pasaba en este proceso de contratación. Por lo tanto deben ser procesados para que en la justicia se establezcan las responsabilidades y las sanciones correspondientes”, manifestó Ortiz en conferencia de prensa.
La pasada jornada Achá llegó hasta la Fiscalía de La Paz para brindar declaraciones sobre la licitación y adjudicación irregular de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros a favor de la estatal petrolera.
Luego de más de seis horas de declaración, el Ministerio Público decidió ordenar su aprehensión e imputarlo por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Esta jornada, la audiencia del acusado fue suspendida por una mala notificación al viceministerio de Trasparencia.
Para Ortiz, las cosas no deben quedar con la simple revisión de contratos hecha por la misma YPFB, sino profundizar el tema para encontrar mayores indicios de corrupción por este caso y muchos otros.
“Yo insisto en que el presidente Evo Morales le debe pedir al contralor del Estado que pueda disponer una auditoria especial a todos los contratos por montos mayores realizados durante la gestión Achá”, dijo.
El senador lamentó que este pedido no sea escuchado hasta el momento y por ello informó que solicitó que se le envíen las copias de los contratos que superen el millón de dólares en la gestión del expresidente de YPFB, para someter dichos documentos a un escrutinio desarrollado por un equipo jurídico y auditor particular.
“Hoy los jueces y fiscales tienen la responsabilidad de saber diferenciar cuáles son responsables, cuál es el grado de responsabilidad y en función a eso aplicar las sanciones correspondientes”, añadió.

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