Estatal petrolera: Ortiz afirma que aprehensión de Achá evidencia la grave corrupción en YPFB

CREDITO: AGENCIAS

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Para Ortiz, las cosas no deben quedar con la simple revisión de contratos hecha por la misma YPFB, sino profundizar el tema para encontrar mayores indicios de corrupción en este caso y muchos otros.

ANF

Tras la aprehensión del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, por el caso taladros, el senador opositor Óscar Ortiz afirmó este martes que tal situación es una prueba de la gravedad de los hechos de corrupción que se registran en la estatal petrolera.
“Esto ratifica la gravedad de este caso de corrupción y las denuncias que formulamos inicialmente de que los superiores de YPFB, en este caso el señor Achá, conocían lo que pasaba en este proceso de contratación. Por lo tanto deben ser procesados para que en la justicia se establezcan las responsabilidades y las sanciones correspondientes”, manifestó Ortiz en conferencia de prensa.
La pasada jornada Achá llegó hasta la Fiscalía de La Paz para brindar declaraciones sobre la licitación y adjudicación irregular de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros a favor de la estatal petrolera.
Luego de más de seis horas de declaración, el Ministerio Público decidió ordenar su aprehensión e imputarlo por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Esta jornada, la audiencia del acusado fue suspendida por una mala notificación al viceministerio de Trasparencia.
Para Ortiz, las cosas no deben quedar con la simple revisión de contratos hecha por la misma YPFB, sino profundizar el tema para encontrar mayores indicios de corrupción por este caso y muchos otros.
“Yo insisto en que el presidente Evo Morales le debe pedir al contralor del Estado que pueda disponer una auditoria especial a todos los contratos por montos mayores realizados durante la gestión Achá”, dijo.
El senador lamentó que este pedido no sea escuchado hasta el momento y por ello informó que solicitó que se le envíen las copias de los contratos que superen el millón de dólares en la gestión del expresidente de YPFB, para someter dichos documentos a un escrutinio desarrollado por un equipo jurídico y auditor particular.
“Hoy los jueces y fiscales tienen la responsabilidad de saber diferenciar cuáles son responsables, cuál es el grado de responsabilidad y en función a eso aplicar las sanciones correspondientes”, añadió.

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