El país de las amarguras

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Marcel Ávila Reese

¿Habrá que esperar el aumento desmedido de personas raptadas, explotadas sexualmente, abusadas laboralmente para que se tome muy en cuenta el refuerzo a la seguridad ciudadana en Bolivia? Esta interrogante plantea un hecho peculiar en Bolivia, la Fiscalía “considera que la cifra (de 701 casos en el año 2016) no es alarmante” porque la compara con datos de otros países de la región que superan los miles.
El minimizar una realidad lacerante y muy sensible para la sociedad boliviana, dado que todas las personas están expuestas, en mayor o menor medida, cuando bajan las alertas o no se tiene un sistema de seguimiento, control, prevención y captura eficientes.
Además esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la gente, aún no apunta a reducir la criminalidad en nuestro país. Las evidencias sugieren que la Policía, la Fiscalía, las Defensorías parecieran estar trabajando de manera conjunta sí, pero con resultados dispersos y acciones que derivan a veces en desinteligencias.
La Policía captura a los delincuentes, rescata a personas en situación de peligro de las manos de redes de trata y tráfico, desbarata solo algunas, y las pone a disposición de la Fiscalía; esta realiza los actos procesales que le competen y remite a los imputados a la justicia, pero esta muchas veces por no decir mayormente acaba liberando a las personas que se dedican hacer este daño a la sociedad o les dan medidas sustitutivas.
Las cifras son números únicamente pero ¿qué hay de las personas, detrás de los datos? Prácticamente una gran parte de la gente que ha sufrido trata y tráfico y después de haber sido “salvadas” todavía permanecen en riesgo porque sus verdugos no son adecuadamente detenidos ni puestos tras las rejas el tiempo suficiente, que la ley determina de haber culpabilidad.
Bolivia sigue siendo un Estado pluriafectado por la delincuencia en casi todas sus formas de arraigo malicioso (institucionalizada, judializada, politizada, socializada, comercializada y hasta casi, diríamos, formalizada). La prueba de ello son los tantos recursos financieros que se otorgan a planes y proyectos de capacitación, equipamiento, a través de alcaldías, gobernaciones y reparticiones ministeriales específicas del mismo Estado, que no acaban de cuajar en un programa eficiente y eficaz a la vez.
Los casos de justicia social o “comunitaria” en sectores de vecinos y zonas donde viven se ven frecuentemente, porque ni la Policía ni las autoridades locales, ni la justicia resuelven oportunamente los problemas de trata y tráfico, que por cierto no es una “problemática” como se la denomina muchas veces, sino un mal endémico global frente al cual no se pueden hacer solo amagues de contención, hay que afrontarlos con gran determinación como política de Estado y no como acciones de los gobernantes de turno.

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