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Sáb, Jun
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Internacional

CREDITO: EL PAIS ESPAÑA

Centenares de personas se manifiestan contra las autoridades en distintos puntos de Londres.

EL PAIS ESPAÑA


La policía de Londres ha elevado a 30 el número de fallecidos en el incendio que el miércoles pasado calcinó casi en su totalidad la torre Grenfell de la capital británica. Otras 24 personas permanecen hospitalizadas, de las que 12 siguen muy graves. No obstante, solo seis cadáveres han sido recuperados del inmueble. El resto sigue en el edificio debido al riesgo que entraña para los equipos de rescate el estado del bloque. La policía ha manifestado su esperanza de que la cifra de muertos no supere el centenar. Centenares de personas protestaron en distintas puntos de Londres por la respuesta de las autoridades.
Una multitud se manifestó e incluso llegó a irrumpir en el Ayuntamiento de Kensington y Chelsea, encargado del mantenimiento del bloque de 24 pisos que se quemó. Más tarde, los manifestantes se sentaron en la calzada e interrumpieron el tráfico en la concurrida conjunción entre las calles Oxford y Regent, conocidas por su gran oferta comercial. Posteriormente, se trasladaron a las cercanas instalaciones de la cadena pública británica BBC, donde continúan su protesta, indignada pero pacífica. Paralelamente, se desarrolló otra protesta cerca del 10 de Downing Street, residencia y despacho oficiales de la primera ministra, Theresa May, y otra más en las inmediaciones de la calcinada torre Grenfell.
Stuart Cundy, comandante de la Policía Metropolitana, ha insistido en que su absoluta prioridad es rescatar del edificio e identificar a las víctimas mortales del incendio, que hizo arder como una tea la torre. "Nos comprometemos a informar a las familias en cuanto sepamos más allá de toda duda que su ser amado es una de las personas identificadas", ha dicho. "Pero este es un proceso complejo" y "existe riesgo de que no podamos investigar a todas las víctimas", ha añadido.
El responsable policial ha afirmado que en este momento "no hay nada que sugiera que el fuego fuera intencionado". Cundy ha añadido que ya están identificados todos los heridos que han pasado por los hospitales. De momento, solo uno de los internados ha fallecido.
Los servicios de emergencia siguen buscando los cuerpos de todas aquellas personas que quedaron atrapadas en alguna de las 24 plantas de la torre, una vez perdida la esperanza de localizar a más supervivientes. La policía no ha precisado aún públicamente cuantas residentes en la torre permanecen en paradero desconocido. BBC asegura que 76 personas permanecen desaparecidas tras la tragedia. Oficialmente no se ha facilitado ningún nombre de fallecido o desaparecido.
La Policía había asegurado este jueves que solo había podido sacar del edificio calcinado seis cadáveres, que han sido llevados a la morgue de Westminster. De momento los servicios de rescate están asegurando y apuntalando amplias zonas de lo que ya no es más que un esqueleto carbonizado, especialmente en las plantas superiores "donde será más difícil acceder y buscar a las victimas", según han comunicado los bomberos.
Un día después de que la primera ministra británica, Theresa May, anunciara una investigación pública sobre el siniestro, la policía metropolitana ha confirmado que también este organismo abrirá la suya propia. May ha anunciado que destinará cinco millones de libras (unos 5,7 millones de euros) a facilitar ayuda de emergencia a las víctimas del incendio.
Mohamed Alhajali, un refugiado sirio de 23 años, es el primer nombre identificado de entre las víctimas mortales del incendio en la torre Grenfell de Londres, según BBC. “Mohamed emprendió un peligroso viaje para huir de la guerra y la muerte en Siria y acabó encontrándola aquí en el Reino Unido y en su propia casa”, reza el triste comunicado de la ONG que asistió a este joven a su arribada al país, en 2014. Alhajali, estudiante de ingeniería civil, residía con su hermano Omar en la planta 14 del inmueble, ubicado en el barrio de Notting Hill(North Kensigton), al oeste de la ciudad.

CREDITO: EL PAIS ESPAÑA

Algunos justifican su presencia en nombre de la seguridad y otros ven discriminación. 

EL PAIS ESPAÑA

De un lado, jardines y piscina, del otro, miseria y neblina. En las alturas de un cerro de Lima, un muro separa un barrio rico de otro pobre. Para unos vecinos es sinónimo de seguridad; para otros, de discriminación. Un juez evalúa si la construcción puede seguir allí.
En la zona este de la capital peruana, un muro de 10 km, hecho de concreto y con un alambrado tipo prisión, divide el acomodado Surco de la humilde San Juan de Miraflores.
Empalma otro de piedras apiladas y con un alambrado de púas, que se extiende por 4,5 km entre el populoso Villa María del Triunfo y el exclusivo La Molina.
Es esta segunda obra, construida por La Molina, motivo de demanda. Para llegar a ella por el lado de Villa María, hay que andar sobre vías plagadas de piedras afiladas y tierra muerta, que resucita con cada pisada, como quien lanza un puñado de talco al aire.
Tras subir por cuestas y una interminable escalera de cemento se corona la cima, allí donde la niebla convive con la gente. Las casas son de madera, techos de zinc y no hay agua potable.
Por el "lado rico" hay pendientes y algunos accesos afirmados. La Molina detalla que ha sembrado árboles en 25 de 300 hectáreas del sector, una zona destinada a ser parque ecológico. A la altura del sector La Alborada, una especie de "check point" permite el cruce de Villa María a La Molina.
Guardias municipales del "lado rico" custodian el ingreso en una caseta. No hay restricciones. Bien lo saben decenas de habitantes del "lado pobre" que trabajan en el servicio doméstico del "lado rico" y descienden por allí.
En tiempos de crítica a iniciativas de colocar muros entre fronteras, esta muralla de piedra separa, con o sin intención, a dos "Limas", en la capital de un país con una de las economías más sólidas de la región.
¿Libre tránsito?
El ciudadano Carlos Hinostroza, quien dice representar a los vecinos de Villa María, ha planteado una acción judicial contra el alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, para demoler el muro.
A su juicio, el muro discrimina y restringe el libre tránsito de unas 2.000 personas del sector, pues muchos de ellos no viven cerca del punto de acceso.
"Hay gente que quiere bajar y el único acceso es por ese lado, le obligan a venir por aquí. No pueden caminar porque han puesto un cerco de alambrados y eso es inconstitucional", dice Hinostroza a la prensa, al pie del muro.
Hasta el lugar llegó el jueves el juez Carlos Calla, para verificar la situación. Con las declaraciones de ambas partes, emitirá su decisión en breve.
Para los representantes de La Molina, el muro no es ilegal ni discriminatorio, sino que brinda seguridad y resguarda una zona ecológica. En el 2013 el propio alcalde Zurek dijo que el cerco buscaba poner fin a las invasiones de terrenos.
"Este muro no constituye un elemento de discriminación ni viola un derecho fundamental (...) Protege una zona destinada a ser parque ecológico (...) Los vecinos de Villa María tienen acceso por el cual pueden pasar", dijo a la prensa la gerente municipal de La Molina, Gina Gálvez.
Gálvez, precisa que en La Alborada no hay alumbrado público y esta garita brinda seguridad para ambos lados. Recuerda que el muro se construyó en 2012 y acusa al señor Hinostroza de reclamar ahora porque quiere ser alcalde de Villa María. Hinostroza, por su parte, dice que es Gálvez quien quiere postular por La Molina. Las municipales son en 2018.
"El muro no puede ser cerrado, pero tampoco puede estar completamente abierto como se pide (en el recurso judicial). Los vecinos de La Molina, lo que estamos haciendo, es tener seguridad", dijo a Canal N el presidente del comité de Defensa de Rinconada del Lago, Agustín Silva, uno de los exclusivos sectores del lugar.
Del otro lado, las opiniones van desde la indiferencia hasta el apoyo. "Tengo cinco años aquí con mi familia. El muro no es incómodo, se puede pasar al otro lado sin ningún problema. La mayoría realiza trabajos domésticos en La Molina", comentó a la AFP Aníbal Rosario, habitante de Villa María.
"Si no quieren discriminar, dennos trabajo. Aquí todos los caminos, los hemos abierto nosotros. La municipalidad de Villa María no nos ha ayudado", agregó.

CREDITO: EL PAIS ESPAÑA

El presidente de EE UU limitará los viajes a la isla y prohibirá las relaciones comerciales con el poderoso conglomerado de las fuerzas armadas. EL PAIS ESPAÑA
Donald Trump ha decidido llevar el frío a Cuba. Treinta meses después de que Barack Obama iniciase el histórico deshielo con La Habana, el presidente de EE UU ha dado marcha atrás en el proceso de apertura. Limita los viajes a la isla, prohíbe el flujo comercial con el conglomerado militar (60% de la economía) y retoma la retórica del látigo. “Ha nacido una nueva política. Doy por cancelado el acuerdo de Obama. No apoyaremos al monopolio militar que oprime a los cubanos”, clamó Trump en un triunfo parcial de la línea dura auspiciada por el anticastrismo.
Trump es imprevisible en todo, salvo en demoler el legado de Obama. En ese terreno, el presidente camina en línea recta y siempre que puede golpea. Lo hizo con el Obamacare y ahora lo intenta con Cuba. El resultado, como es habitual en él, resulta irregular. Ni ha podido desmontar toda la reforma sanitaria ni cerrar ahora por completo las puertas a Cuba. En ese sentido, pese a la grandilocuencia de su discurso, la marcha atrás no es total. Algunas medidas permanecen. No se cierra la Embajada de La Habana, no se prohíben los vuelos comerciales ni los cruceros y tampoco se restituye la política de pies secos, pies mojados que permitía a los cubanos entrar sin visa en EEUU.
Pero el golpe no deja de ser duro. Los días de la gran diplomacia americana han terminado. El delicado juego de equilibrios que desplegó Obama, los contactos secretos con el Vaticano, el saludo mismo del presidente de Estados Unidos y Raúl Castro en Panamá son desde hoy parte del pasado.
Con Trump, Cuba vuelve a correr por el campo de tiro. Cualquier avance bilateral quedará supeditado a la aprobación ideológica de Washington. “Sabemos lo que pasa ahí y no lo olvidamos. Cuba debe legalizar los partidos, permitir elecciones supervisadas, liberar los presos y entregar a los fugitivos. Mientras no haya libertad, habrá restricciones”, dijo Trump en el simbólico Teatro Manuel Artime de la Pequeña Habana, nombrado en honor de uno de los líderes de la Brigada 2506 que desembarcó en Bahía de Cochinos para tratar de derrocar a Fidel.
Fue un discurso beligerante, destinado a inflamar a los anticastristas. Bajo continuas apariciones de víctimas de los Castro, el presidente lanzó todo su fuego contra el régimen. Le acusó de dar amparo a criminales y fugitivos, lo vinculó con Corea del Norte, con el terrorismo internacional y con el volcán venezolano, Trazó un aguafuerte en que hasta resucitó la crisis de los misiles. “En la Habana siguen gobernando aquellos que mataron a miles de sus ciudadanos”, remachó para justificar su “nueva política”.
El punto nuclear del plan de Trump es desincentivar el flujo financiero con el régimen cubano y sus "elementos represivos". Para ello se prohíbe, salvo alguna excepción aeroportuaria y marítima, toda transacción comercial con el conglomerado militar. El principal afectado será el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), un paraguas bajo el que las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia controlan el 60% de la economía cubana. Infinidad de hilos de capital en la isla pasan por esta corporación. Hoteles, entidades de exportación e importación, supermercados, cadenas de ropa, recepción de remesas, restaurantes, marinas, transferencias bancarias, alquiler de inmuebles… Poner un candado al comercio con Gaesa afecta a toda la actividad económica del país, estatal y de pequeños empresarios, pues los tentáculos del conglomerado apenas dejan rincones sin tocar.

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