La ONU denuncia torturas y el uso excesivo de la fuerza en Venezuela

Agentes de la Guardia Nacional entran a un vehículo durante los choques con manifestantes antigubernamentales en Valencia el domingo. En vídeo, las declaraciones de la portavoz de la ONU.

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“Un guardia me amenazó para que delatara a mis compañeros", cuenta una manifestante.

EL PAIS ESPAÑA

La ONU ha puesto el foco en Venezuela. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado este martes el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. En un duro comunicado sobre las conclusiones de un informe que verá la luz a finales de mes, el organismo alerta de que las violaciones cometidas por las autoridades ante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro van desde detenciones arbitrarias hasta malos tratos y “tortura”. El Gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre las acusaciones.
Descargas eléctricas, golpes con cascos y porras contra detenidos esposados, presos colgados de las muñecas durante periodos prolongados, asfixia con gases y amenazas de muerte o violación. Estos son algunos de los ejemplos de la violencia empleada que cita el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en las conclusiones del informe sobre la situación en Venezuela avanzado este martes. El nuevo fiscal general designado por el chavismo, Tarek William Saab, que fue defensor del pueblo, eludió responder a este periódico sobre el tema, informa Alfredo Meza.
El organismo alerta de que al menos 5.051 manifestantes han sido víctimas de detenciones arbitrarias en las protestas entre el 1 de abril y el 31 de julio, y que un millar siguen detenidos.
La “responsabilidad de estas violaciones corresponde a los más altos niveles del Gobierno”, ha denunciado el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein. La ola de violencia ha dejado 124 muertos hasta el 31 de julio y casi 2.000 heridos, según la Fiscalía venezolana. Los datos recabados por la ONU apuntan a que las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 fallecimientos y “los grupos armados progubernamentales”, conocidos como colectivos armados, de otras 27.
“Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del Gobierno a la Asamblea Nacional”, de mayoría opositora, “y a la oficina de la fiscal general”, Luisa Ortega Díaz, apartada del cargo el pasado fin de semana por la Asamblea Constituyente instaurada en paralelo para redactar una nueva ley fundamental. Las conclusiones del informe detallan que también algunos grupos de manifestantes han actuado con violencia y que ocho agentes han fallecido en las protestas.
La portavoz de la institución en Ginebra, Ravina Shamdasani, explica por correo electrónico que el representante del Alto Comisionado en Sudamérica lleva al menos cuatro años sin entrar en Venezuela. El organismo solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro el acceso al país en mayo para analizar la situación de los derechos humanos. Ante la falta de respuesta, avisó a las autoridades venezolanas de que iba a iniciar un seguimiento a distancia de la crisis.

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